CESANTES Y JUBILADOS 20530 : CMI Peru

CARTA ABIERTA PUBLICADA EN MAYO DEL 2004
Por: Marlene Samatelo Valdivia
http://marlenesamatelo.blogspot.com/

Presidenta de ANEXS SUNAD
ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE LA SUPEINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS

SEÑORES CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA
SEÑORES PENSIONISTAS Y TRABAJADORES ACTIVOS
PUEBLO PERUANO

Los cesantes y jubilados de la ASOCIACION NACIONAL DE EX – SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS – ANEXS SUNAD, nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestro más profundo rechazo al proyecto de reforma constitucional que se debate en el Congreso; el cual está dirigido a consolidar la política aplicada durante el corrupto gobierno de Alberto Fujimori con el fin de diezmar a los pensionistas y burlar el pago de sus derechos.
Tenemos conocimiento que se está negociando en el Congreso el apoyo al proyecto de reforma constitucional; estaremos atentos al debate en el Pleno del Congreso para conocer la verdadera posición corporativa o individual de cada Congresista. Los derechos consagrados por nuestra constitución amparando a los cesantes y jubilados, no pueden someterse a negociados ni arreglos bajo la mesa.
La población global de cesantes y jubilados, esta conformada por militantes y simpatizantes de diferentes organizaciones, movimientos, frentes y partidos políticos. No obstante, jamás apoyaremos la postura del toma y daca, pues negociar y apoyar la reforma constitucional es un acto de ¡REPUGNANTE TRAICIÓN! a los jubilados, quienes aportaron puntualmente durante 25, 30 o más años para un fondo de jubilación que los diferentes gobiernos han dilapidado.
Reafirmamos, negociar la reforma constitucional en el parlamento, es repudiable e indignante. Afectar los derechos constitucionales de los cesantes y jubilados es ¡TRAICION!; así quedará para la historia y así lo denunciaremos utilizando todos los medios y tecnología de información disponibles, individualizando a congresistas, partidos políticos y agrupaciones.
Los cesantes y jubilados somos más de 700,000; con nuestros hermanos, hijos y nietos, superamos los 4’000,000 de ciudadanos alfabetos y conscientes de nuestros derechos. La respuesta la tendrán en las urnas, pues no habrá olvido ni perdón para quienes decidan apoyar la reforma constitucional, guiados por oscuros intereses.
El gobierno (Toledo, Ferrero, Kuczynski), los funcionarios del FMI (con oficinas en el Banco Central de Reserva del Perú) y los Congresistas lobistas, coherentemente con los intereses que representan, pretenden afectar impunemente los derechos de los pensionistas; en lugar de aplicar medidas dirigidas a mejorar la recaudación fiscal, empezando por la supresión de exoneraciones y beneficios tributarios a las grandes empresas transnacionales; y terminando con una severa austeridad en el gasto público.
Por las mismas razones, mantienen SECTORES PRIVILEGIADOS (Militares, Diplomáticos, Magistrados) cuyos gastos superan largamente el presupuesto de la 19990 y 20530. Estos son los auténticos sectores privilegiados cuyo presupuesto nadie denuncia o cuestiona, sus derechos son sagrados e intocables; no tienen deuda acumulada pues todos sus beneficios han sido y continúan siendo pagados con la mayor puntualidad y de oficio.
INSISTIMOS EN DENUNCIAR LAS VERDADERAS RAZONES DE LA PRETENDIDA REFORMA CONSTITUCIONAL
1. El Poder Ejecutivo propone la reforma constitucional, por su servil sometimiento a los banqueros del Wall Street (dueños de la Reserva Federal de EE. UU.) y a su Agencia ejecutora el FMI, que imponen al pueblo peruano programas de ajuste, sufrimiento y sacrificio para solo cumplir el pago puntal de la DEUDA EXTERNA.
El actual Ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynsky, principal promotor de la reforma constitucional, sostiene muy orondo: «El Perú honra sus deudas, de eso debemos estar seguros», pero este señor en su condición de cajero de Wall Street solo reconoce la deuda externa y propicia burlar el pago de la DEUDA INTERNA PARA CON LOS CESANTES Y JUBILADOS; más aún, sabiendo que la DEUDA INTERNA se viene acumulando desde 1,991 por la política arbitraria de Alberto Fujimori.
El fondo de pensiones de los trabajadores ha servido para atender la caja chica de todos los gobiernos, con ese fondo han construido grandes edificaciones, carreteras y fundamentalmente ha sido malversado. Sin embargo, jamás se ha cuestionado a ningún Ministro de Economía y Finanzas. Como ejemplo tenemos a Javier Silva Ruete, quien ha sido cinco veces ministro de Economía y Finanzas, en diferentes gobiernos y hasta la fecha no ha sido tocado; pues todos los políticos que han formado parte de esos gobiernos, lo apoyan.
2. Se pretende engañar a la opinión pública, justificando que la reforma es necesaria, para suprimir las altas pensiones de un grupo de jubilados. Argumento falaz, porque no se requiere modificar la Constitución, basta con emitir una ley.
La verdadera intención no es afectar a ese 3% de jubilados con altas pensiones, sino afectar los derechos del 97% de jubilados y sus familias, que estarán condenados a vivir en la mayor miseria, diezmados por la mala alimentación y las enfermedades, con hijos negados a una buena educación y formación profesional.
La verdadera intención es ahorrarle al Estado el pago justo de pensiones y el pago de las pensiones devengadas. Más aún, llegada la muerte del jubilado, se pretende reducir al 50% la pensión de la viudez, al 20% la pensión de invalidez y suprimir totalmente la pensión de orfandad. Política de genocidio que afecta profundamente los derechos humanos de quienes ofrecieron al Estado su capacidad laboral, creyendo que vivimos en un Estado de Derecho, donde se respeta la Constitución, los tratados internacionales y las leyes.
3. El proyecto de reforma constitucional es totalmente lesivo, ilegal e inhumano porque:
a) DESCONOCE EL PRINCIPIO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS. Suprimido este derecho en la Carta Magna, se eliminará la nivelación de pensiones y permitirá modificar los DD.LL. 19990, 20530, Ley 23495, etc.; con el fin de ir recortando cada vez más los derechos pensionarios. En primer término está el reducir las pensiones de viudez, de invalidez y suprimir la pensión de orfandad. Después seguirá el congelamiento de las pensiones.
b) Es retrógrado e involutivo, pues significa el desconocimiento de derechos previsionales reconocidos en las Constituciones de 1,973, 1979, DD.LL. 19990, 20530, Leyes 23495, 27719.
c) Es desproporcionado, pues con el objetivo de bajar las pensiones al 3% del total de pensionistas (que tienen pensiones muy altas), afecta los derechos del 97% restante que reciben pensiones bajas.
d) Según la doctrina del Derecho Internacional, se justifica el cambio en las leyes y con mayor razón, en la Constitución, cuando está dirigido a su optimización y a lograr normas legales mejores o más beneficiosas que las anteriores; lo que no se podrá dar con la reforma propuesta, porque significa todo un retroceso en materia de derechos humanos y previsionales reconocidos en normas nacionales, ratificados en tratados internacionales suscritos por el Perú.
e) Con esta reforma no solamente se afectaría a los pensionistas de los diferentes regímenes pensionarios, sino también a los trabajadores del país, porque estarán desconociendo los derechos adquiridos de todos los peruanos.
4. Para iniciar la reestructuración político - social del Perú y aumentar la recaudación fiscal no se requiere reforma constitucional, sino el emitir leyes que promuevan:
a) La homologación de los sueldos y haberes en todo el sector público, incluyendo a todas las entidades del Estado. Con esto se evitarían las planillas doradas y el saqueo del erario nacional vía PNUD.
b) La profesionalización de la carrera pública; que suprimiría las actuales políticas de tarjetazos, compadrazgos, amigotes, etc.; que distorsionan la verdadera función pública y saturan las oficinas del Estado con personas ineptas.
c) Centralización y transparencia en las compras y adquisiciones del Estado (civiles y policiales) en una sola entidad, con representación de las organizaciones civiles en sus órganos de control.
d) Implementación de la auténtica reforma del Poder Judicial y Ministerio Público; para que sirvan a los intereses nacionales y no a intereses económicos subalternos.
e) Combate frontal a la corrupción, el mayor cáncer que consume a los diferentes estamentos del gobierno e impide el progreso de nuestra sociedad.

En este aspecto, esperamos que los señores congresistas de la República, acojan el pedido sobre modificación de la Constitución, a fin de reconocer y establecer el JUICIO DE RESIDENCIA; que obligue a las más altas autoridades a permanecer en el país, para ser juzgados por los delitos de función cometidos.

¡¡¡NO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL!!!
¡¡¡POR LA RESTITUCION DE NUESTROS DERECHOS Y EL JUSTO RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA INTERNA!!!