LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, LA TRAGEDIA Y LA VENGANZA : CMI Peru

Los hechos.

El 12 de este mes se derrumbó un muro de 7 pisos de un edificio en construcción en el distrito de la Victoria, resultando 9 obreros sepultados por el concreto aún húmedo, 8 de los cuales fueron recuperados sin vida. Todos ellos eran jóvenes que invertían su salario en el vestido, la vivienda y la alimentación de sus padres, hermanos, esposas e hijos. El principal responsable de este hecho luctuoso es el sistema económico y social que organiza precariamente nuestras vidas. Sin embargo, la prensa peruana ha desviado la atención marcando la responsabilidad de sólo dos personas: los sres. Gerardo Mamani (propietario del terreno y, presumiblemente, del edificio que se estaba construyendo) y Juan Arratia, gerente de la fantasmal empresa constructora JAA Contratistas Generales.

El sistema económico-social es criminógeno.

El capitalismo es el reinado del dinero, es decir, para él y quienes aprovechan de él hay que realizar actividades económicas rentables sin que importen los medios. “El fin justifica los medios” (como afirmaba Machiavello). Es por eso que los constructores de casas y edificios festinan los trámites (porque les hacen perder tiempo y dinero), no protegen a los obreros con implementos de seguridad, no contratan ni siquiera un arquitecto e ingenieros, imponen jornadas de trabajo de 12 horas, no inscriben en planilla a “sus” trabajadores, pero todo esto llegó hasta la exasperación en la obra de Antonio Bazo, en la Victoria. Un dato concreto: en Lima hay 285 mil obreros de Construcción Civil, pero sólo 40 mil figuran en planilla, es decir, la séptima parte. Esto podría hacernos ver que la Federación de Construcción Civil no es tan poderosa como aparenta. Una forma de fortalecerse para ella sería propiciar la unión con los trabajadores precarios, a fin de que se nombre a todos y se ponga fin a la inhumana y estresante precariedad en el empleo. Pero, al parecer, a los dirigentes autoritarios sólo les interesa eternizarse en sus puestos rentados y olvidar a quienes sufren hasta despedir lágrimas de sangre.

La situación de los familiares de las víctimas y las tentativas de “venganza”.

Ayer Gerardo Mamani fue trasladado a prestar declaraciones ante un juez pero, en el camino, fue interceptado por los familiares y amigos de las víctimas quienes, según la página central de “La Primera”, intentaron lincharlo tratando de arrebatarlo de las manos de la policía. Estas tendencias a hacerse justicia por sus propias manos ya se están volviendo sistemáticas en el Perú, y parece que la razón es la desconfianza en la Administración de Justicia, es decir en jueces, abogados, fiscales y Tribunales. La idea muy extendida entre la población es que quien paga se salva de la condena y la prisión, o sea que los ricos compran a los encargados de hacer justicia. Esta es una verdad de perogrullo en todos los países del mundo. Quien roba un pan porque tiene hambre es sancionado con muchos años de prisión, pero el “delincuente de cuello y corbata o de uniforme” es tratado benignamente o, simplemente, exculpado de sus crímenes de sangre o patrimoniales.

La venganza puede ser explicada pero no justificada.

No comparto la idea de que hacerse justicia por su propia cuenta está bien porque se trata de una suerte de “justicia popular” o “autojusticia”. Por otro lado, la venganza es la peor de las consejeras. Mientras los países civilizados del mundo suprimen la pena de muerte, aquí esa idea es muy “popular” y es agitada de vez en cuando por políticos oportunistas y electoreros que siempre acarician al gato en el sentido de la pelambre, es decir, declaran y amenazan hacer lo que es un sentimiento mayoritario sin fijarse en el contenido que hay detrás y al interior. Para que exista justicia el acusado debe tener un derecho a la defensa, de allí que yo condeno los linchamientos que considero bárbaros y guiados por la venganza, actitud instintiva y no racional. Finalmente, el delincuente no nace sino que se hace, de la misma manera se puede deshacer con un trato humano en las prisiones y cuando la sociedad les ofrezca un empleo bien remunerado, esto se llama la rehabilitación de los internos que es imposible con la pena a perpetuidad y, peor, con la “pena de muerte”. Sin embargo, me explico la reacción de los familiares y amigos de esos compañeros obreros de la construcción, jóvenes y sostenes de sus seres queridos. Los acusados Mamani y Arratia, así como las autoridades de la Municipalidad de la Victoria deben pagar una indemnización a los familiares tal que les permita emprender alguna actividad económica comercial, industrial o agrícola que les permita sobrevivir en esta jungla llamada capitalismo salvaje neocolonial o, de lo contrario, asegurar el pago de los salarios de los obreros muertos a las familias y eso hasta la desaparición de los padres o esposas de los mismos. Dejemos de lado la práctica bárbara del linchamiento, y exijamos que se haga la verdadera justicia, con sanciones diferenciadas de acuerdo a la gravedad de los delitos y a las razones agravantes o atenuantes, pero sin discriminación de clase, raza, religión o pensamiento político. Esta lucha inmediatista no resolverá, por cierto, el problema de fondo: la injusticia de origen que tiene el sistema capitalista de producción que no puede ser simplemente “reformado” sino derrocado, destruído y enviado al basural de la historia.