Defender medio ambiente es delito de terrorismo en minas del norte : CMI Peru

El 24 de marzo último, una organización de reciente formación denominada Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas de la Provincia de Huancabamba presentó ante la Fiscalía Provincial de Turno de Piura una denuncia por delitos de terrorismo, en quince modalidades distintas, contra 35 líderes ambientalistas de la región.

Entre éstos, alcaldes, presidentes de comunidades y de frentes de defensa, de rondas campesinas, que suman 27 líderes. Más ocho profesionales: dos abogados, un ingeniero, una economista y un biólogo, del equipo técnico de las ONGs que apoyan el movimiento ambientalista.

Los delitos de los que se les acusa son: "contra la tranquilidad y la paz pública, disturbios, apología, asociación ilícita, contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, motín, conspiración, contra la humanidad, torturas, lesiones graves y leves, coacción, secuestro, violación de domicilio, contra el patrimonio, usurpación y daños".

En total 300 son los procesados, entre ellos los 35 por terrorismo. Se han abierto 25 juicios a los cuestionadores del proyecto.

La entidad denunciante se formó el 11 de diciembre de 2007, inmediatamente después del referéndum del 16 de setiembre último que ganó abrumadoramente la posición contraria al proyecto de la empresa Majaz dentro de la jurisdicción de las comunidades de Segunda y Cajas y Yanta

El Frente denunciante se formó con el respaldo de 300 ciudadanos, de los cuales menos de una decena son miembros de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas, a la que dicen representar. Esta comunidad de reconocida trayectoria cuenta con un padrón de más de mil integrantes.

Los acusadores encabezados por Juan Cruz Pusma, Higinio Rivera Labán, Nextar Labán Majuán y Rosa Sandoval Barco no se presentaron a las dos primeras citaciones el 9 y el 24 de abril último. No han fundamentado su denuncia y no se ha actuado ninguna prueba.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Minera Majaz S.A., filial de la inglesa Monterrico Metals, la promotora del proyecto minero Río Blanco, desde el 2002, cambió de propietario hace un año, el 27 de marzo del 2007.

Zijin Mining Group Co. Ltd., consorcio chino, compró el 89.9% de las acciones de Monterrico Metals. Poco después se desprendió de un 10% para cederlo a la fundición coreana LS Nikko Co. El consorcio Zijin copa el 80% del accionariado, en tanto los ingleses mantienen un porcentaje minoritario.

En su última etapa de gestión de Minera Majaz S.A., los ingleses intentaron un cambio de su estrategia comunitaria y para ese efecto contrataron un equipo de profesionales expertos en la materia.

Producto de ese afán habría sido la declaración de reconocimiento y disculpas públicas que la empresa Majaz formuló el 11 de setiembre de 2006 por los errores de su política socioambiental anterior a junio del 2006.

El intento loable se vino abajo en vísperas de la realización del referéndum o consulta vecinal del 16 de setiembre. Y con mayor fuerza luego de que Zijing tomara el control de la minera.

ESCALADA

La organización de un ente paralelo a la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas es el extremo de una política de división de la matriz que antes ensayaron los responsables de las erradas estrategias comunitarias: Raúl Urbina y el australiano Andrew Bristow, quienes volvieron y mantienen sus puestos bajo la gestión de Zijing.

En el 2004, Urbina y Bristow crearon los "Comités de Desarrollo" y en el 2005 la "Alianza para el Desarrollo". Núcleos de personas que con el patrocinio de la empresa ora recibían capacitaciones diversas y ora eran movilizadas para acciones de provocación contra el movimiento ambientalista.

No dieron pie en bola. Ahora el Frente paralelo edita inclusive un boletín a todo color, en papel couché, con el logo de "Unidad Comunera". ¿Quién financia tan lujosa prensa comunera? Dicho Frente es el autor de la reciente denuncia de terrorismo contra los defensores del medio ambiente.

VALE TODO

La política comunitaria de Minera Majaz, ahora Río Blanco Cooper S.A., se desliza por el campo de la provocación para enfrentar a los comuneros versus comuneros. Un botón de muestra es la contramanifestación organizada el 8 de marzo último, Día Internacional de la Mujer, en el caserío Tres Acequias, ubicado en la Comunidad de Segunda y Cajas (ver ilustración gráfica en la página 2).

La denuncia por terrorismo contra los 35 ambientalistas presenta este evento como prueba. Sostiene que "200 ronderos arremetieron salvajemente con piedras látigos y palos, golpearon a las mujeres,... producto de lo cual Carmen Velasco Lizama perdió el bebé que estaba gestando".

Según Servando Aponte, presidente de la Comunidad Segunda y Cajas, "la gente de Majaz agredió a la policía y al fiscal, a quien le cayó una piedra en la cabeza. Esa gente estaba preparada para el enfrentamiento, contaban con fusiles y piedras".

Los dirigentes indicaron que ellos fueron agredidos primero por los miembros del Frente de Unidad (paralelo) en el que también participaron funcionarios de la empresa Río Blanco Cooper S.A. (ex Minera Majaz). El gerente de Responsabilidad Social, Raúl Urbina, en la foto que publicamos al lado, aparece forzando el ingreso al local donde se realizaba el acto convocado por la Comunidad de Segunda y Cajas. El choque fue entre varones. Esteban Correa, del Frente de Defensa de Medio Ambiente, perdió la visión de un ojo. Las rondas niegan su responsabilidad en la pérdida del bebé.

OTRAS "PRUEBAS"

"Las ONGs –dice la denuncia del Frente paralelo– llegaron a nuestras tierras apoyadas por la Diócesis de Chulucanas y desarrollan una serie de talleres en los que se decía que el desarrollo de la minería en nuestra localidad traería la muerte de todos nosotros, que nuestras mujeres parirían niños con dos cabezas".

En otra de sus pretendidas pruebas los denunciantes se remontan al supuesto secuestro del periodista Dúber Mauriola Labán, quien efectivamente fue detenido por las rondas el 30 de diciembre de 2004 durante tres días y azotado por decisión de la Comunidad de Segunda y Cajas.

Dúber Mauriola en su espacio radial "La voz de las Huaringas" insultaba y amenazaba constantemente a los comuneros. A mediados de 2004, de un momento a otro, adquirió su propia emisora, "Radio Centinela", y multiplicó sus ataques contra la comunidad y a favor de la empresa minera. A fines de noviembre de 2004, él y un grupo de sus guardaespaldas destruyeron el local y los equipos radiofónicos de la emisora "Difusora de Huancabamba" que acogía los reclamos de las rondas y el Comité de Defensa del Medio Ambiente.

Las denuncias de estos hechos ante el Ministerio Público no prosperaron. Entonces, la comunidad aplicó su fuero consuetudinario y le impuso la pena denominada "cadena ronderil" (reclusión sucesiva en varias comunidades). Los azotes son un castigo que se aplica a los comuneros que caen en falta.

Todo esto se evitaría si funcionara la justicia oficial y el Estado respetara y tomara en cuenta las decisiones de las comunidades. Derecho que está amparado por la Ley de Comunidades Campesinas, la legislación peruana y el Derecho Internacional. Mientras tanto el diálogo sigue en receso.

Ambientalistas y el Presidente

Javier Jahncke Benavente, abogado de 37 años, especializado en medio ambiente. Desde el año 2000 participa activamente en el equipo técnico que asesora al movimiento ambientalista de Piura y Cajamarca. Promotor de la ONG Grufides.Junto a Fedepaz ha asistido la consulta vecinal del 2007 sobre Majaz.

Julia Cuadros Falla, economista, socia fundadora de Cooper Acción. Se inició en el Instituto de Apoyo Agrario. Con 30 años de experiencia en cooperación del desarrollo. En relación con centros como mina Tintaya (Cusco), Las Bambas (Apurímac), Doe Run (La Oroya).

El 21 de marzo último, el presidente Alan García, de visita en China, desayunó con los directivos de 10 de las mayores empresas chinas. Una de ellas, Minera Zijin, la concesionaria del proyecto Río Blanco. "Este no tiene por qué no realizarse", afirmó. El mandatario desestimó así los resultados de la consulta vecinal del 16 de setiembre pasado en Piura. Tampoco consideró las sanciones impuestas por Osinergmin.

El 22 de febrero pasado, Osinergmin impuso a Río Blanco Cooper S.A. (ex Minera Majaz) una multa de 100 Unidades Impositivas Tributarias. Motivo: infracción al Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.

Los ronderos de la provincia de Huancabamba anunciaron la realización de un paro de 72 horas para los días 14 y 16 de mayo, en protesta por la actitud del Ejecutivo de favorecer a la empresas mineras en desmedro del sector agrícola.

La medida de fuerza fue acordada el último domingo y se asegura la participación de unos diez mil ronderos. La protesta incluye una masiva movilización y el cierre de las principales rutas de acceso a la sierra piurana.

Los comuneros expresarán su rechazo al súbito incremento del costo de vida, puesto que -en apenas cuatro meses- un importante número de productos de primera necesidad han duplicado su precio.

De igual manera, los residentes de Huancabamba solicitaron que la Minera Río Blanco Copper S.A (ante Minera Majaz S.A.) se retire de las comunidades de Segunda y Cajas.

Eusebio Guerrero Pintado, vicepresidente de dicha localidad, representantes de la compañía habrían tratado de comprar el respaldo de los comuneros, repartiendo regalos.

Cabe recordar que la población de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera rechazó mayoritariamente la actividad minera en sus respectivos distritos, según se desprende de los resultados finales de la consulta vecinal celebrada el 16 de setiembre.

La Minera Río Blanco Copper S.A (ante Minera Majaz S.A.) pretende efectuar trabajos de explotación en Ayabaca y Huancabamba avalándose en documentos que no cuentan con el voto de los dos tercios de los miembros de dichas comunidades, tal como exige la Ley de Promoción de la Inversión Privada (LPIP), y que fueron suscritos con su antecesora, la empresa Coripacha.

En un informe del 2006, la Defensoría del Pueblo corroboró que los documentos que firmaron parte de los comuneros de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), poseen carácter contractual sólo con Coripacha, mas no con la minera Majaz.

Las operaciones de Majaz ponen en peligro las nacientes de la cuenca de los ríos Chinchipe y del Quiroz, cuyas aguas son utilizadas por las referidas localidades para su agricultura y ganadería, además de amenazar los ecosistemas de montaña donde se ubican los bosques de neblina y páramos. Los efectos contaminantes alcanzarían, también, a las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca.