GENERALES GENOCIDAS AL BANQUILLO : CMI Peru

Con un coraje de sacarse el sombrero, la fiscal Luz Marleny Rojas Méndez, de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Uctubamba, Bagua, decidió este viernes denunciar ante el Poder Judicial a dos generales, dos coroneles, cuatro comandantes, tres mayores, cuatro capitanes y un teniente, todos de la Policía Nacional, como responsables de los delitos
Fiscal Luz Rojas denuncia ante el Poder Judicial a comando policial que dirigió desastroso operativo en la curva ‘El Diablo’ de Bagua.
Abren instrucción a dos generales PNP
Con un coraje de sacarse el sombrero, la fiscal Luz Marleny Rojas Méndez, de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Uctubamba, Bagua, decidió este viernes denunciar ante el Poder Judicial a dos generales, dos coroneles, cuatro comandantes, tres mayores, cuatro capitanes y un teniente, todos de la Policía Nacional, como responsables de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, de un largo número de nativos y civiles de la provincia que resultaron víctimas de los sangrientos hechos ocurridos el 5 de junio de este año, a partir de la decisión gubernamental de desalojar por la fuerza a los indígenas que ocupaban la llamada curva “El Diablo”, en la carretera “Fernando Belaunde Terry”.

Desmiente a Pastor
Este hecho trascendental deja completamente sin piso la versión oficial sobre el complot internacional y el supuesto azuzamiento de los indígenas para cometer actos de violencia, y desmiente al ministro de Justicia, Aurelio Pastor, que fue a Ginebra a culpar ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) a los amazónicos de lo que había sucedido en el país. Entre los denunciados se encuentra el general PNP Luis Muguruza Delgado, comando operativo, que llegó a Bagua para dirigir la operación de desalojo, el general PNP Javier Uribe Altamirano, director de la IV División Territorial, el coronel PNP Luis Erasmo Sánchez y el coronel PNP William Martínez Ponce.

También los comandantes de los escuadrones de Dinoes y diversos oficiales que tomaron parte en los hechos de sangre. Entre las víctimas se menciona a los nativos Romel Tenazoa Sánchez, Genaro Camicash Chamik, Jesús Carlos Timias y David Jausito Mashie Kash. Asimismo, a los civiles: Alejandro Salazar Huamán y Porfirio Coronel Jiménez. También se señala un total de 6 heridos graves, entre ellos la niña Leydi Luz Montes Gonzales de 7 años de edad “que se encontraba en casa de su vecina jugando en la avenida Chachapoyas sufrió un impacto de bala efectuados por efectivos de la comisaría”, y otros 21 ciudadanos con lesiones leves.

No le tiembla mano
En el desarrollo de la denuncia, la fiscal Rojas Méndez da cuenta de lo siguiente: “desde tempranas horas (del 5 de junio) distintas unidades operativas policiales, entre ellas Dinoes, fueron destinadas para desbloquear la carretera empleando para ello la fuerza, utilizando gases lacrimógenos y armas de fuego, produciéndose un enfrentamiento entre personal policial y los diversos grupos étnicos aguarunas, huambisas, awajún, con la muerte de efectivos (materia ya de denuncia ante el Poder Judicial en relación a efectivos y algunos civiles, expediente Nº 194-2009, por ante el Primer Juzgado Penal de esta provincia) así como también de los nativos Romel Tenazoa Sánchez, Genaro Camicash Chamik, Jesús Carlos Timias y David Jausito Mashie Kash, y los civiles Alejandro Salazar Huamán y Porfirio Coronel Jiménez, que no han sido considerados como agraviados en la anterior denuncia”.

Orden de disparar
Y más adelante agrega que los oficiales que dirigían los destacamentos policiales ordenaron usar armas de fuego de corto y largo alcance (revólveres 38 mm cañón corto, pistolas Pietro Beretta calibre 9 y fusiles AKM, “sin tener en cuenta la falta de proporcionalidad y el uso desmesurado de armas letales, pues los nativos sólo utilizaron en su defensa armas rudimentarias (lanzas) de su uso común, objetos contundentes como piedras, palos…”.

La denuncia fiscal concluye en que los oficiales responsables no trataron de reducir las posibilidades de daño a los nativos, ni cumplieron con su obligación de proteger la vida y la salud de la población civil. Producida esta decisiva denuncia todo el proceso de Bagua sufre un vuelco, ya que los policías procesados están ahora en la obligación de explicar cuáles fueron las órdenes que recibieron para actuar de esta manera, lo que conduce al tema de las responsabilidades al más alto nivel del gobierno cuando era premier Yehude Simon y ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

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